EL VIERNES PRESENTAN ESTO CRESPO Y DORA (SIN EL PUNTO 3) Movimientos sociales: piqueteros, empresas recuperadas y asambleas barriales

Movimientos sociales: piqueteros, empresas recuperadas y asambleas barriales

Los nuevos movimientos sociales en la Argentina reflejaron los esfuerzos de reconstrucción de los lazos sociales a través de nuevas formas de organización, sobre todo en la primera mitad de la década de 2000. 

Los movimientos aquí estudiados se asocian a la llamada "economía social", un espacio público donde el trabajo no se intercambia sólo por remuneraciones monetarias.

La pobreza y el desempleo constituyeron en la época de la crisis el núcleo de deslegitimación del sistema económico, lo que el normal funcionamiento de la economía de mercado no pudo resolver. Como contrapartida, los movimientos sociales obtuvieron buena parte de su legitimidad mostrando, de cara a la sociedad, soluciones originales para la pobreza y el desempleo por fuera del sistema económico institucionalizado.

La respuesta estatal fue desplazar el problema del empleo al ámbito de la política social, mediante la implementación de subsidios masivos a jefes y jefas de hogar desocupados.

Tres movimientos sociales que representaron diferentes respuestas frente al fracaso del sistema político y el desmoronamiento económico de 2001 son los piqueteros, los trabajadores de empresas recuperadas y las asambleas barriales.

1. Los piquetes
Los movimientos de desocupados estaban conformados por varias decenas de grupos que respondían a orientaciones políticas diferentes: algunas se vinculaban con partidos políticos o centrales sindicales; otros privilegiaban su autonomía con respecto a los mismos; otros seguían a líderes populistas. De este modo, una misma denominación, piqueteros, recubre orientaciones muy distintas, más allá de su enorme impacto político y sobre todo mediático.

En esta presencia incidieron, sin duda, sus dimensiones. Según estimaciones de los propios grupos piqueteros, su capacidad de movilización agregada -la de todas las organizaciones que agrupaban a los desocupados- llegó a más de 100.000 personas en todo el país. Sin embargo, esta cifra empalidece frente a los varios millones de desocupados y subocupados, por lo que más que su dimensión, fue la acción misma de los piquetes la que explicó su visibilidad: los cortes de ruta alcanzaron un fuerte efecto político, multiplicado a través de los medios de comunicación.

Aunque algunos grupos piqueteros se limitaban sólo a sostener estos reclamos, otros destinaron los recursos hacia actividades diversas, desarrollando durante varios años acciones de alcance más vasto en las comunidades en las que estaban implantados territorialmente: merenderos y comedores, centros educativos y, sobre todo, emprendimientos productivos en los que volcaban los subsidios y alimentos obtenidos a través de las movilizaciones, como el desarrollo de huertas comunitarias, la venta directa de la producción a través de redes de comercialización alternativas, la elaboración y manufactura artesanal e industrial de productos frutihortícolas, panaderías, tejidos y confecciones artesanales e industriales, entre otras. De este modo, los cortes de ruta constituyeron sólo la punta (mediática) del iceberg de una construcción social mucho más compleja.

La organización de estas actividades económicas adquirió formas autogestionarias y cooperativas. Algunos planteaban enfoques distributivos radicales y rechazaban la generación de ganancia, o bien distribuían estas gananacias entre los productores y sus familias. Aunque esto pueda ser discutible en términos filosóficos, tuvo efectos prácticos considerables sobre la movilización permanente de los piqueteros: si los proyectos productivos autogestionados no generaban condiciones de sustentabilidad económica en el mediano y largo plazo, se reproducían las condiciones para seguir reclamando subsidios y recursos al Estado.

Otros grupos de desocupados, por el contrario, se enfocaban en el desarrollo de proyectos autogestionados sustentables en el tiempo. Un ejemplo fue un grupo piquetero del sur del Gran Buenos Aires que nucleaba una amplia red conformada con familias de desocupados, incluyendo migrantes indígenas provenientes del norte de la provincia de Santa Fe. Centrados en la producción frutihortícola en la zona de quintas que proveen buena parte del consumo de alimentos frescos a la ciudad de Buenos Aires, estos trabajadores buscan desarrollar emprendimientos sustentables, donde la generación de ganancia asegura el mantenimiento y expansión económica de su producción, de modo de alcanzar la independencia de los subsidios oficiales. En relación con este objetivo, la participación en piquetes es un medio de obtención de recursos para los emprendimientos autogestionados, y no un fin en sí mismo.

Aunque entre los distintos grupos piqueteros este debate es incipiente, se constata que todos ellos, incluso los vinculados con partidos políticos, se vuelcan progresivamente al desarrollo de emprendimientos productivos.

2. Los trabajadores de empresas recuperadas
Hacia mediados de los años noventa comenzaron a registrarse movimientos de trabajadores que intentaban reactivar empresas paralizadas, las que presentaban rasgos comunes: habían sido afectadas por la importación (frigoríficos, textiles, tractores, acoplados, metalúrgicas, plásticos, etcétera) y se encontraban en proceso de quiebra, convocatoria de acreedores o abandonadas por los empresarios. Los trabajadores eran acreedores o damnificados, ya que en general la crisis de cada empresa fue precedida por la ruptura de los contratos de trabajo, traducida en disminuciones de sueldos y salarios, pago en vales, etc. La recuperación de las empresas supuso la transición hacia un nuevo régimen jurídico en el que los trabajadores tomaron a su cargo la producción, estableciendo acuerdos con proveedores y/o clientes que les aseguraron un cierto capital de trabajo, y fijaron una retribución mínima para su trabajo.

En la mayoría de las empresas recuperadas se constata en el principio una deserción empresaria, que puede ser parcial o total. Si es parcial, es posible que los anteriores propietarios se mantengan como asociados en la nueva forma jurídica que adopte la empresa. Estas formas son variadas, aunque entre ellas prevalecen las cooperativas, pero también figuras más tradicionales como la participación accionaria en sociedades anónimas. En cualquiera de estas formas los trabajadores deben tomar a su cargo la gestión, por lo que deben redefinir su rol dependiente y subordinado en el contrato y la organización del trabajo.

En la crisis económica de 2001, la recuperación de empresas fue percibida como una respuesta adecuada para sostener los esfuerzos productivos de la sociedad.

Los trabajadores que recuperaron empresas replantearon la jerarquía relativa del derecho al trabajo y de la propiedad privada. Frente a los valores de la sociedad mercantil que privilegian el derecho de propiedad, los trabajadores erigen como central el derecho al trabajo. Anteponen la necesidad de preservar las fuentes de trabajo frente a las rutinas de quiebra y liquidación de bienes productivos que prevalecen en el derecho mercantil.

Unas pocas empresas -alrededor de 150- dispersas en el territorio, diversas por sus actividades y por las tradiciones políticas de los diez mil trabajadores que agrupan, pusieron en cuestión el conjunto del sistema de relaciones laborales. Al asumir la autogestión en unas pocas empresas, los trabajadores cerraron el juego a una carta muy importante para los empresarios en la negociación colectiva: éstos ya no podían apelar al cierre del establecimiento como instrumento de presión sobre los trabajadores, quienes, ante la amenaza, podían contestar ahora con la posibilidad de ocupar y autogestionar las empresas en dificultades. De allí que no cabe medir la fuerza del movimiento de empresas recuperadas exclusivamente en términos de su dimensión -reducida- sino en términos de sus efectos culturales, políticos y sociales más amplios.

3. Las asambleas barriales
La respuesta más novedosa de quienes optaron por la voz y la protesta ante el colapso institucional de 2001 fue la de quienes organizaron espontáneamente las asambleas barriales en Buenos Aires, en varios partidos del conurbano y en ciudades del interior del país como La Plata, Mar del Plata, Rosario y Córdoba.

Las asambleas barriales expresaron las capacidades de autoorganización de la sociedad, de construir y regenerar lazos sociales, que no fueron reconocidas en la cúspide del sistema político, donde se las entendió como un factor de inestabilidad por su capacidad de controlarlas o canalizarlas en los aparatos políticos. Estas nuevas formas de apropiación del espacio público ciudadano, impulsadas por la utopía de realización de una democracia directa (la decisión directa de los ciudadanos sobre las medidas a tomar), cuestionaron las formas de representación de la democracia delegativa (la elección de representantes, como en el actual sistema político).

Las nuevas modalidades de protesta social propusieron otras formas de ocupación del espacio público y también de acceso a los servicios públicos. En las asambleas barriales las medidas de acción directa y de reclamo a los poderes públicos se combinaron y se establecieron en tensión con cuestiones y necesidades locales, como las vinculadas con la provisión de insumos para los hospitales, con compras comunitarias o con la creación de huertas orgánicas, pequeños emprendimientos y bolsas de trabajo para desocupados.

Las asambleas barriales fueron generando emprendimientos productivos autónomos y apuntaron a intervenir en el plano económico y social, a través del desarrollo de experiencias de una nueva economía, que buscó nuevas respuestas para resolver la crisis de los sistemas educativo, de salud, etcétera. Aportaron un factor importante para el desarrollo de la economía social y solidaria: la politización de la esfera de la reproducción social, del consumo y la distribución de bienes y servicios, factor presente también en las empresas recuperadas por sus trabajadores y en las actividades de los grupos piqueteros.

*Adaptado de: Palomino, Héctor: Los Movimientos Sociales (2004)

EL VIERNES PRESENTAN ESTO SESTO Y RACAGNO: VINCULAR CON EL CONCEPTO DE ANOMIA. “Anomia es poco decir, vivimos en descomposición”

“Anomia es poco decir, vivimos en descomposición” (14/08/2002)

El sociólogo Ricardo Sidicaro, reporteado por Página/12, explica que la desestructuración de la sociedad argentina casi no reconoce antecedentes.

Investigador del Conicet y profesor titular en la UBA, Ricardo Sidicaro parte de la indignada reacción de los vecinos de Esteban Echeverría por el asesinato de Diego Peralta para trazar un análisis sobre el estado de desestructuración que atraviesa la sociedad argentina. En diálogo con Página/12, el sociólogo sostiene que el concepto de anomia no alcanza a (se queda corto para) caracterizar la crisis actual, aunque descarta la posibilidad de un enfrentamiento civil. “Es un proceso de descomposición, pero sin proyectos políticos enfrentados”, asegura.

–¿La quema de la comisaría de El Jagüel es un episodio aislado o forma parte de un fenómeno más global?

–La mayor parte de las conductas es parte de una situación de profunda desestructuración. Las respuestas que se dan son desesperadas y no tienen que ver con una acción racional. La indignación existe y no cabe duda de que en situaciones de desestructuración se desatan los más exasperados, los más irracionales en su furia. No es la gran mayoría, pero la sociedad conduce a situaciones de desesperación y hay gente que da este tipo de respuestas. Hoy la sociedad se caracteriza por un avance de conductas poco relacionadas con los costos de la acción. Hay algunos que están raptando personas por dos mil pesos. Son conductas fuera de toda racionalidad costo-fines, aunque los que hagan eso sean pobres.

–La quema de la comisaría se basó en las sospechas de que la policía tuvo algo que ver con el asesinato de Peralta. No es la primera vez que las fuerzas de seguridad delinquen, pero la reacción fue mucho más violenta que en otras oportunidades: ¿por qué?

–En primer lugar hay que aclarar que dentro de la policía hay muchos que se juegan la vida con una actitud altruista. Sin embargo, lo que ocurre es que muchos de los que están adentro de las fuerzas de seguridad se piensan como civiles y delinquen como civiles. El Estado carece de capacidad para castigar este tipo de cosas. Pero no es sólo algo propio de la policía: la descomposición institucional está atravesando todas las esferas y, aunque en la policía se vuelve más peligrosa, también se da en el sistema escolar o el sistema de protección de la salud.

–¿Es una situación de anomia?

–Anomia es poco decir. En una sociedad que está funcionando normalmente, en épocas en las que se producen fenómenos económicos, de expansión o de recesión, se dan situaciones de anomia. Tiene que ver con la desestructuración de las reglas. Si se descubre oro, puede haber más riqueza y al mismo tiempo anomia. El Far West es una situación de anomia con riqueza. Si aumenta la desocupación puede haber anomia con desocupación, pero en general la anomia supone un conjunto de reglas que se debilita. Esto es diferente: es una desestructuración mucho más grande que aquella a la que remite el concepto de anomia. Suponer que la policía delinque no es anomia, es mucho más.

–¿Cómo caracterizaría entonces la situación actual?

–De descomposición social. En situaciones de anomia los sujetos pierden su relación con las normas. Acá el problema pasa también por las instituciones que tienen que hacer cumplir esas normas. No es una persona que transgrede y hay un juez que aplica la norma. El que transgrede es el juez.

–Muchos hablan de la posibilidad de una guerra civil, pero no se ven bandos en disputa.

–Es que la descomposición ha afectado a los bandos. En alguna época se constituían bandos que se enfrentaban y la sociedad estaba más organizada. Hoy son individuos que eventualmente se asocian para protestar, pero no tienen en común más que la situación de la protesta. En otros tiempos había una ideología, una imagen de país y de futuro que los llevaba a movilizarse. Hoy las movilizaciones de reclamo prácticamente no tienen identidad. Las personas que reprimían, en otra época, pensaban que lo hacían en nombre de Occidente o algo así. Quienes reprimen hoy lo hacen ennombre de una desorganización en la cual ellos están metidos: se extralimitan en la forma en que las instituciones a las que pertenecen les ordenan reprimir. La descomposición atraviesa la simple reproducción de la cotidianidad. Hay una pérdida de vigencia de las instituciones y una pérdida de la integración de los sujetos al tejido social.

–¿Hay ejemplos de situaciones de este tipo en la historia argentina? ¿O en algún otro país de Latinoamérica?

–No. Un debilitamiento institucional tan fuerte generalmente se ha correspondido con bandos que salen a luchar. Se establece un verdadero conflicto o guerra civil. Entre nosotros, la particularidad es la creciente descomposición que afectó a los bandos que podrían constituirse. Nadie tiene un proyecto político en este momento, pero no es que todos están desorganizados. Este debilitamiento político institucional permite que las minorías activas y concentradas del poder económico saquen sus beneficios. En general las formas de desestructuración fueron a partir de proyectos políticos antagónicos. Hoy uno no puede decir que existan proyectos políticos enfrentados. Lo que uno ve son los efectos de la descomposición.

–¿En qué podría derivar semejante situación?

–No sé. No se puede saber en qué medida el reclamo de ley y de orden de los que quieren vivir de una manera integrada puede convertirse en una fuerza política. Lo que reclama la gente es el retorno a la ley. No la mano dura, sino que se cumplan las leyes. Es la primera vez que en la Argentina hay tanto reclamos para que se cumplan las leyes.

EL VIERNES PRESENTAN ESTO LOS 4 ESTUDIANTES ASIGNADOS (Y PETRO ME DEBE LO DE ÉL) Robert Merton: “Estructura Social y Anomia” (1938)

Robert Merton: “Estructura Social y Anomia” (1938)

Se entiende por anomia una condición en la que la sociedad tiene dificultades para guiar moralmente a los individuos, y en la que los vínculos sociales entre las personas y la comunidad se encuentran debilitados. La anomia frecuentemente implica una separación, una dislocación entre los estándares individuales y los de la sociedad (lo que entendemos por el concepto de “hechos sociales” de Durkheim). El debilitamiento de la ética social dificulta la regulación de los comportamientos.

En el ensayo “Estructura Social y Anomia”, de 1938, del sociólogo estadounidense Robert Merton, se analiza de una forma sistemática la desviación social, explicando conductas “anormales” como la delincuencia, el suicidio, el crimen y las anomalías psicológicas, entre otras. Hacia fines del siglo XIX, en el pensamiento de Durkheim la anomia se había pensado de dos maneras. Por un lado, en la obra “La División del Trabajo Social” aparecía como falta de reglamentación, como un fenómeno producido por los cambios excesivamente rápidos ocasionados por la industrialización que se vería agravado por el progresivo debilitamiento de la conciencia colectiva. Por otra parte, en “El suicidio”, la anomia es fundamentalmente un problema de regulación, de falta de límites. Dado que sin controles impuestos socialmente, las pasiones y los deseos se desatan, la única manera de evitar la impaciencia, la insatisfacción y el malestar del infinito, como denomina también a la anomia, es a través de los frenos y límites impuestos socialmente. Esta segunda acepción de la anomia se refiere, entonces, no a que no existan normas y reglas, sino a que no se cumplen, a que no tienen vigencia en la vida cotidiana, tanto porque la sociedad es incapaz de vigilar y exigir su cumplimiento, como porque los individuos las desconocen o no las aceptan. Teniendo en cuenta esta ambigüedad en la obra de Durkheim, Merton no sólo amplió la concepción como tal de anomia, sino también su función social como herramienta para explicar el conflicto y el orden social de una forma mas extensa que la que había hecho Durkheim cuarenta años antes.

Para Merton la anomia es una especie de quiebra de la estructura cultural, que tiene lugar cuando hay una separación grave entre las normas y los objetivos de una cultura, y las capacidades o el compromiso de los individuos por obrar de acuerdo con aquéllos. Además, sostiene que la probabilidad de caer en la anomia difiere entre los individuos debido a la estructura social donde conviven, haciendo a unos más propensos y con más posibilidades de caer en un estado de anomia, que según Merton es característico de los estratos más bajos de la sociedad, donde las posibilidades para acceder a los fines prescriptos por la cultura y la sociedad en general son escasos. De esta manera, las personas de menores recursos, sin poder encontrar los medios (el trabajo, la empresa, etc.) para los fines culturalmente impuestos (en la sociedad norteamericana del siglo XX en la que vivió Merton, hacer dinero), serían más propensas a -si quieren cumplir con dicho objetivo- buscar soluciones alternativas (y no necesariamente legales) para llegar a la meta de éxito material.

Ahora bien, esta situación anómica es típica de la sociedad norteamericana y afecta a todas sus instituciones, grupos e individuos. Todos son incitados -desde el hogar, frecuentemente en las iglesias protestantes, en la escuela, el trabajo, los medios de comunicación, etc.- a cumplir sin claudicación el “Sueño Norteamericano”, la consigna ideológica y el mito de la igualdad y el éxito económico para todos. Para alcanzar la cima (los símbolos de status: la casa en los suburbios, el auto que enceran el fin de semana, etc.) sólo sería cuestión de perseverar y trabajar duro; el fracaso se debe únicamente a la falta de esfuerzo o a defectos del individuo.

Sin embargo, en la práctica social cotidiana la realidad se presenta completamente diferente. Las oportunidades (el acceso a los medios económicos, la educación, la ocupación y demás, necesarios para lograr las metas culturalmente prescriptas) no se hallan al alcance de todos, sino que se distribuyen en función de la posición de clase social. Esto significa que se está en presencia de una sociedad contradictoria, injusta y conflictiva, pues anida en ella, una evidente disociación o contradicción entre la cultura (metas exigidas universalmente) y la estructura social (desigual disponibilidad social de las oportunidades), quedando así descartada toda correspondencia entre mérito, esfuerzo y recompensa. Los fines son los mismos para todos; los medios, en cambio, que se arregle cada uno como pueda. Esa dislocación es la que puede llevar a la anomia.

Sin embargo, hay sociedades donde hay cierto equilibro entre los objetivos y la capacidad de la gente para llegar a ellos. En una sociedad de esquimales, por ejemplo, en la que la meta socialmente impuesta sea, por ejemplo, ser una persona pacífica y ser buen pescador, no existen objetivos culturales que pueden conducir a un estado de anomia, como sí es el caso de la consecución de dinero.

Frente a la valoración de fines y medios, Merton planteó cinco categorías para clasificar el grado de interacción social. Estas categorías se refieren a la conducta social en tipos específicos de situaciones, no necesariamente a la personalidad de un individuo.

Conformidad: Es la adaptación mas común. Aquí son aceptados tanto las metas culturales como los medios institucionales para llegar a las primeras. Es la forma de conducta no desviada. La persona no cuestiona aquí la justicia del sistma social, sino que lo acepta, incluso si no tiene los medios para alcanzar los fines que le propone. Esto significa, básicamente, comportarse de manera conforme a las reglas.

Innovación: Es cuando los individuos aceptan las metas establecidas pero rechazan los medios para llegar a ellas. El innovador tiene la aspiración por el éxito económico, pero rechaza los medios legítimos para alcanzarlo por considerarlos inconducentes o  imprácticos, incorporando métodos ilegales para su consecución. Quienes van por la “plata rápida” son considerados por Merton “innovadores”. Esto está en contraposición a la criminología positivista de fines del siglo XIX (más claramente con el concepto de “delincuente patológico”) porque para Merton los delincuentes son normales: culturalmente normales. Quieren lo que quiere todo el mundo (lo que la cultura les impuso) pero tratan de conseguirlo de otra manera.

Ritualismo: La persona no aspira a la meta del éxito, frecuentemente porque está fuera de su alcance, pero respeta los medios legítimos. Es característico de individuos que viven en total control de todo lo que acontece en sus vidas, no toman excesivos riesgos ni aceptan tomar una decisión en donde no tengan todas las garantías y además estén completamente seguros de que van a conseguir lo que desean. Cartoneros, maestros y policías honestos de bajo rango pueden considerarse ritualistas.

Retraimiento: No se trata de una adaptación, sino tal vez una desadaptación al medio, ya que rechazan tanto las metas como los medios para hacer realidad los objetivos propuestos culturalmente. Es característica de algunos vagos, autistas, alcohólicos, algún viajero soñador y piojoso sin interés por otra cosa más que dormir bajo las estrellas, mantenidos de 35 años que no tienen real interés por generar ingresos ni trabajar, etc.

Rebelión: Son las personas que proponen instaurar un nuevo orden social, con metas diferentes y medios diferentes. Su objetivo es crear una sociedad nueva o modificar radicalmente la actual. Característico de actitudes revolucionarias.

Merton esboza algunas propuestas para mitigar las tendencias anómicas en su sociedad:

Incorporar metas alternativas al éxito económico para distintos estratos sociales. Así se obtendría una mayor correspondencia entre mérito, esfuerzo y recompensa, y se evitarían buena parte de las consabidas tensiones y frustraciones provocadas por el sistema, las que pueden derivar en comportamientos ilegales. Un ejemplo es proponer como meta social el desarrollo artístico, la ciencia o la solidaridad.

Sobre todo para los jóvenes, mejorar las oportunidades para alcanzar el éxito, especialmente las de educación y empleo, limitando simultáneamente el acceso a las oportunidades ilegítimas.

Estudio y diagnóstico permanente de las necesidades del sistema que van surgiendo, llevados a cabo por analistas expertos –especialmente sociólogos-, subordinados a los dirigentes económicos y políticos, encargados de la cobertura de dichas necesidades.

EL VIERNES PRESENTAN ESTO PENA Y PETROCELLI. CRISIS DE REPRESENTACIÓN

Crisis de Representación

En 2001 Argentina atravesaba la crisis económica y política más importante de su historia. El quiebre del tejido social, la desesperanza y la crisis de representatividad política hicieron tambalear al sistema democrático y miles de personas salieron a las calles a manifestarse contra un sistema que arrojaba al pueblo a la miseria y la desocupación.

Crecía la imagen del presidente De la Rúa como incapaz,  inoperante y "gagá". La Alianza (una coalición electoral encabezada por el radicalismo) se había presentado como lo opuesto a la corrupción menemista en las elecciones presidenciales de 1999. Sin embargo, su imagen se deterioró después de la renuncia del vicepresidente "Chacho" Álvarez por un escándalo de coimas en el Senado. Lo que es peor, la política económica de De la Rúa era fundamentalmente una continuación de la de Menem, con lo que siguieron aumentando la desocupación, pobreza e indigencia.

El 25% de la población activa estaba desocupada o subocupada; la economía, en recesión desde 1998, había caído un 14% hasta el 2001; la pobreza superaba el 35%; el gobierno ya no conseguía financiamiento para hacer frente a los intereses de una enorme deuda externa (180 mil millones) que había crecido como bola de nieve desde la dictadura y se sucedían los negociados como el “Blindaje” (nos endeudamos por 40 mil millones para que nos sigan prestando plata) o el “Megacanje” (nos patean vencimientos de deudas pero nos endeudamos 55 mil millones más). La política de déficit cero fracasaba por la caída abrupta del consumo y el menor ingreso fiscal. La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, recortó 13% las jubilaciones y los salarios de estatales como medida de ajuste más recordada.

                     

La elección legislativa de 2001 se caracterizó por el llamado “voto bronca”, a través del cual una buena parte de la ciudadanía manifestó su enojo con la clase política, en general, y con el gobierno de De la Rúa en particular. Durante la campaña electoral, los medios de prensa y algunas organizaciones ciudadanas convocaron a la abstención, al voto en blanco o a la anulación del voto. Sumando los electores que se abstuvieron de votar y aquellos que votaron en blanco o anularon su voto, el 43% del electorado habilitado para votar manifestó su repudio no sólo al gobierno, sino al resto de las fuerzas políticas. Esta conducta electoral era una manifestación contundente de la crisis de representación y contribuyó, sin duda, a disminuir la legitimidad de las autoridades elegidas. La ciudadanía desconfiaba de los partidos políticos (peronismo y radicalismo eran vistos como corruptos y responsables de la situación económica) y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, percibidos como igualmente pervertidos e incapaces.

"No me convence ningún tipo de política

Ni el demócrata ni el fascista

¿Por qué me tocó ser así?

Ni siquiera anarquista

-"El Revelde", La Renga

Después de la derrota electoral, la credibilidad del gobierno de De la Rúa prácticamente había desaparecido. La situación económica se deterioraba día a día. Durante la última semana de noviembre de 2001, más de mil millones de dólares fueron sacados de los bancos por los ahorristas. 

En esa situación, algunos bancos comunicaron al gobierno que no resistirían la corrida. El 1 de diciembre, De la Rúa y su entonces ministro de Economía y autor de la convertibilidad, Domingo Cavallo, anunciaron el “Corralito” que limitó las extracciones de dinero a $ 250 semanales para evitar la fuga de capitales y el colapso bancario.

Esta medida resultó ser mucho más impopular que una devaluación y causó una furia popular, expresada con cacerolazos masivos. La ciudadanía no sólo condenaba a la clase política y sus malas decisiones, sino que puso en jaque al propio Congreso y a la Corte Suprema de Justicia.

La protesta más fuerte fue la del 19 de diciembre, cuando De la Rúa, mediante un discurso, declaró el estado de sitio (la suspensión de las garantías constitucionales, como el derecho a reunión y manifestación), lo que aumentó el malestar. Apenas terminó la emisión del discurso, la gente salió de sus casas a golpear cacerolas. La gente comenzó a reunirse en las esquinas y espontáneamente comenzaron a caminar rumbo al centro. Un gran cacerolazo había comenzado. A la madrugada la Plaza de Mayo se había llenado de gente que coreaba una consigna: “¡Que se vayan todos!”

Otro importante elemento de desestabilización fue la ola de saqueos (robos masivos a supermercados, asaltos a camiones en la ruta, robos en comercios) de diciembre de 2001, frecuentemente atribuidos -por lo menos en parte- a las patotas del PJ bonaerense de Duhalde.

El día 20 se desarrollaban marchas en la Capital y las fuerzas policiales reprimían duramente a los manifestantes, causando 39 muertes en esos dos días. Mientras esto sucedía el gobierno decidió la renuncia del ministro Cavallo. Al atardecer de aquel día, el Presidente se dirigió otra vez a la sociedad a través de la cadena nacional para dar a conocer su renuncia. Pocos minutos después, la televisión transmitía la huida de De la Rúa desde la terraza de la casa de gobierno a bordo de un helicóptero.

Hundidos en la crisis, más de la mitad de los argentinos cayeron en la pobreza y el desempleo alcanzó al 24% de la población. Esto desató motines urbanos, sobre todo en Buenos Aires, pero también en Córdoba y en Rosario.

Luego de la renuncia de De la Rúa, y después del paso de Puerta, Rodríguez Saa y Caamaño por la presidencia, fue Eduardo Duhalde quien se hizo cargo del gobierno. Desde enero de 2002 la economía comenzó a reactivarse gracias a la devaluación (se derogó la ley de convertibilidad en enero de 2002), que abarató la producción e hizo subir los precios de las materias primas.

Pero la represión, seguida de muerte, encargada por el Ejecutivo contra manifestantes –con los asesinatos de Kosteki y Santillán- en el puente Pueyrredón, protagonizó la llamada Masacre de Avellaneda, que obligó a Duhalde a llamar a elecciones precipitadamente. En mayo de 2003 Néstor Kirchner llegaba a la presidencia.

Por qué los agricultores de EE.UU. hackean sus tractores con software ucraniano

Por qué los agricultores de EE.UU. hackean sus tractores con software ucraniano

El juego del gato y el ratón, protagonizado habitualmente por los usuarios de PlayStation y Sony o los dueños de un iPhone y Apple, tiene un nuevo protagonista: John Deere.

¿Qué tiene que ver el fabricante de tractores con Sony o Apple? Las tres empresas se "reservan" ciertos derechos de propiedad sobre sus productos. Sony persigue el hackeo de sus consolas para no permitir que corra juegos pirateados; Apple, para que sus iPhone sigan bajo su entorno y el de las operadoras; y John Deere, para que sí o sí los ¿dueños? de un tractor deban recurrir al servicio técnico oficial en caso de algún desperfecto.

Las restricciones de John Deere sobre los últimos modelos de sus tractores volvió muy popular la modificación del software de la computadora interna con un software proveniente de Ucrania: granjeros desesperados por reparar la maquinaria recurren a esa alternativa, que les devuelve el dominio sobre el vehículo, facilitándoles además la posibilidad de realizar cualquier reparación.

Límites

Que los granjeros acudan a hackers para "liberar" tractores tiene otra explicación: John Deere puede, de manera remota, apagar la maquinaria sin que los agricultores puedan hacer otra cosa más que comunicarse con la empresa para solicitar una reparación que bien podrían realizar ellos mismos.

De hecho, John Deere obliga a los compradores de un tractor en los EE.UU. a firmar un documento en donde se comprometen a no realizar cualquier tipo de reparación; todo debe hacerse en el service oficial. No hay posibilidad de "meter mano". Otro apartado impide que demanden a la compañía por imponer esas restricciones sobre los arreglos oficiales.

De hecho la marca obliga a los agricultores a firmar una cláusula que prohíbe prácticamente cualquier tipo de reparación y además evita que los compradores (que no propietarios) de sus tractores puedan demandarles por salir perjudicados por esa dependencia de las reparaciones oficiales. ¿Se te estropea el tractor y no puedes hacer la cosecha? Mala suerte. Es tu problema, no de John Deere.

Como indicaba un agricultor entrevistado, "si un agricultor compra el tractor, debería poder hacer con él lo que quiera. Si quieres sustituir la transmisión y lo llevas a un mecánico independiente te podrá hacer ese cambio, pero el tractor no arrancará. Deere cobra 230 dólares por la pieza, más otros 130 para que vaya a conectarte a un ordenador con un conector USB especial que autorice esa pieza".

Eso ha provocado la aparición de un mercado negro de software y hardware específicamente destinado a que los agricultores recuperen el control de sus tractores de John Deere.

¿El fin de la propiedad privada, o el principio del hacking que recupera esa propiedad?

La actitud de John Deere es un ejemplo destacable de cómo han cambiado las cosas en una industria que cada vez busca tener mayor control no ya sobre sus productos, sino también sobre sus clientes.

De hecho tenemos ejemplos mucho más cercanos en empresas como Apple, que han convertido sus productos en casi irreparables por parte de usuarios de a pie. El caso de los tractores John Deere abre un nuevo interrogante sobre la actuación de las industrias con respecto al control que ejercen sobre sus productos y clientes, atrapados muchas veces en un service oficial, no solo por el software sino también por el hardware.

Reparar un iPhone 7 no es una tarea que cualquier servicio técnico acepte enfrentar, debido a que el diseño del smartphone de Apple lo convierte en un producto casi irreparable. Al mismo tiempo, ofrecer garantías extendidas y servicio técnico oficial es un negocio en pleno crecimiento, sobre todo entre las empresas tecnológicas, donde la sola reparación de pantallas rotas representa ingresos constantes.

La situación revive una vieja pregunta: ¿pagar por un producto no entrega automáticamente la propiedad, y por ende, el derecho a hacer lo que uno desee con él? En vísperas de la era de los autos conectados, la pregunta vuelve a cobrar relevancia, quizás la misma que la del trabajo de los hackers dispuestos a liberar cualquier artefacto.

No puedo ir hoy viernes. Presentaciones de Arancio y Freire se pasan al lunes.

No puedo ir hoy viernes. Presentaciones de Arancio y Freire se pasan al lunes.

Besis.

NOTAS DEL EXAMEN PARCIAL DEL 2DO TRIMESTRE. FAVOR DE COMUNICAR POR WHATSAPP AL CURSO.

Aimone 7,75
Pinto 8
Dora 7,50
Mena 7,75
Arancio 6
Santagiuliana 5
Rath 7
Vega 6,50
Messil 6,25
Rodríguez 5,25
Chilabert 5
Goenaga 8
Fernández 2,75
Valiente 2
Alsina 2,25
Winter 4,25
Baraldo 3,75
Cores 4
Freire 3
Pena 9,50
Sesto 9
Sagrado 8,75
Bianuchi 9,75
Petrocelli 10
López 10
Pérez 7,50
Rancaño 7,75