Los nuevos movimientos sociales en la Argentina reflejaron los esfuerzos de reconstrucción de los lazos sociales a través de nuevas formas de organización, sobre todo en la primera mitad de la década de 2000.
Los movimientos aquí estudiados se asocian a la llamada "economía social", un espacio público donde el trabajo no se intercambia sólo por remuneraciones monetarias.
La pobreza y el desempleo constituyeron en la época de la crisis el núcleo de deslegitimación del sistema económico, lo que el normal funcionamiento de la economía de mercado no pudo resolver. Como contrapartida, los movimientos sociales obtuvieron buena parte de su legitimidad mostrando, de cara a la sociedad, soluciones originales para la pobreza y el desempleo por fuera del sistema económico institucionalizado.
La respuesta estatal fue desplazar el problema del empleo al ámbito de la política social, mediante la implementación de subsidios masivos a jefes y jefas de hogar desocupados.
Tres movimientos sociales que representaron diferentes respuestas frente al fracaso del sistema político y el desmoronamiento económico de 2001 son los piqueteros, los trabajadores de empresas recuperadas y las asambleas barriales.
1. Los piquetes
Los movimientos de desocupados estaban conformados por varias decenas de grupos que respondían a orientaciones políticas diferentes: algunas se vinculaban con partidos políticos o centrales sindicales; otros privilegiaban su autonomía con respecto a los mismos; otros seguían a líderes populistas. De este modo, una misma denominación, piqueteros, recubre orientaciones muy distintas, más allá de su enorme impacto político y sobre todo mediático.
En esta presencia incidieron, sin duda, sus dimensiones. Según estimaciones de los propios grupos piqueteros, su capacidad de movilización agregada -la de todas las organizaciones que agrupaban a los desocupados- llegó a más de 100.000 personas en todo el país. Sin embargo, esta cifra empalidece frente a los varios millones de desocupados y subocupados, por lo que más que su dimensión, fue la acción misma de los piquetes la que explicó su visibilidad: los cortes de ruta alcanzaron un fuerte efecto político, multiplicado a través de los medios de comunicación.
Aunque algunos grupos piqueteros se limitaban sólo a sostener estos reclamos, otros destinaron los recursos hacia actividades diversas, desarrollando durante varios años acciones de alcance más vasto en las comunidades en las que estaban implantados territorialmente: merenderos y comedores, centros educativos y, sobre todo, emprendimientos productivos en los que volcaban los subsidios y alimentos obtenidos a través de las movilizaciones, como el desarrollo de huertas comunitarias, la venta directa de la producción a través de redes de comercialización alternativas, la elaboración y manufactura artesanal e industrial de productos frutihortícolas, panaderías, tejidos y confecciones artesanales e industriales, entre otras. De este modo, los cortes de ruta constituyeron sólo la punta (mediática) del iceberg de una construcción social mucho más compleja.
La organización de estas actividades económicas adquirió formas autogestionarias y cooperativas. Algunos planteaban enfoques distributivos radicales y rechazaban la generación de ganancia, o bien distribuían estas gananacias entre los productores y sus familias. Aunque esto pueda ser discutible en términos filosóficos, tuvo efectos prácticos considerables sobre la movilización permanente de los piqueteros: si los proyectos productivos autogestionados no generaban condiciones de sustentabilidad económica en el mediano y largo plazo, se reproducían las condiciones para seguir reclamando subsidios y recursos al Estado.
Otros grupos de desocupados, por el contrario, se enfocaban en el desarrollo de proyectos autogestionados sustentables en el tiempo. Un ejemplo fue un grupo piquetero del sur del Gran Buenos Aires que nucleaba una amplia red conformada con familias de desocupados, incluyendo migrantes indígenas provenientes del norte de la provincia de Santa Fe. Centrados en la producción frutihortícola en la zona de quintas que proveen buena parte del consumo de alimentos frescos a la ciudad de Buenos Aires, estos trabajadores buscan desarrollar emprendimientos sustentables, donde la generación de ganancia asegura el mantenimiento y expansión económica de su producción, de modo de alcanzar la independencia de los subsidios oficiales. En relación con este objetivo, la participación en piquetes es un medio de obtención de recursos para los emprendimientos autogestionados, y no un fin en sí mismo.
Aunque entre los distintos grupos piqueteros este debate es incipiente, se constata que todos ellos, incluso los vinculados con partidos políticos, se vuelcan progresivamente al desarrollo de emprendimientos productivos.
2. Los trabajadores de empresas recuperadas
Hacia mediados de los años noventa comenzaron a registrarse movimientos de trabajadores que intentaban reactivar empresas paralizadas, las que presentaban rasgos comunes: habían sido afectadas por la importación (frigoríficos, textiles, tractores, acoplados, metalúrgicas, plásticos, etcétera) y se encontraban en proceso de quiebra, convocatoria de acreedores o abandonadas por los empresarios. Los trabajadores eran acreedores o damnificados, ya que en general la crisis de cada empresa fue precedida por la ruptura de los contratos de trabajo, traducida en disminuciones de sueldos y salarios, pago en vales, etc. La recuperación de las empresas supuso la transición hacia un nuevo régimen jurídico en el que los trabajadores tomaron a su cargo la producción, estableciendo acuerdos con proveedores y/o clientes que les aseguraron un cierto capital de trabajo, y fijaron una retribución mínima para su trabajo.
En la mayoría de las empresas recuperadas se constata en el principio una deserción empresaria, que puede ser parcial o total. Si es parcial, es posible que los anteriores propietarios se mantengan como asociados en la nueva forma jurídica que adopte la empresa. Estas formas son variadas, aunque entre ellas prevalecen las cooperativas, pero también figuras más tradicionales como la participación accionaria en sociedades anónimas. En cualquiera de estas formas los trabajadores deben tomar a su cargo la gestión, por lo que deben redefinir su rol dependiente y subordinado en el contrato y la organización del trabajo.
En la crisis económica de 2001, la recuperación de empresas fue percibida como una respuesta adecuada para sostener los esfuerzos productivos de la sociedad.
Los trabajadores que recuperaron empresas replantearon la jerarquía relativa del derecho al trabajo y de la propiedad privada. Frente a los valores de la sociedad mercantil que privilegian el derecho de propiedad, los trabajadores erigen como central el derecho al trabajo. Anteponen la necesidad de preservar las fuentes de trabajo frente a las rutinas de quiebra y liquidación de bienes productivos que prevalecen en el derecho mercantil.
Unas pocas empresas -alrededor de 150- dispersas en el territorio, diversas por sus actividades y por las tradiciones políticas de los diez mil trabajadores que agrupan, pusieron en cuestión el conjunto del sistema de relaciones laborales. Al asumir la autogestión en unas pocas empresas, los trabajadores cerraron el juego a una carta muy importante para los empresarios en la negociación colectiva: éstos ya no podían apelar al cierre del establecimiento como instrumento de presión sobre los trabajadores, quienes, ante la amenaza, podían contestar ahora con la posibilidad de ocupar y autogestionar las empresas en dificultades. De allí que no cabe medir la fuerza del movimiento de empresas recuperadas exclusivamente en términos de su dimensión -reducida- sino en términos de sus efectos culturales, políticos y sociales más amplios.
3. Las asambleas barriales
La respuesta más novedosa de quienes optaron por la voz y la protesta ante el colapso institucional de 2001 fue la de quienes organizaron espontáneamente las asambleas barriales en Buenos Aires, en varios partidos del conurbano y en ciudades del interior del país como La Plata, Mar del Plata, Rosario y Córdoba.
Las asambleas barriales expresaron las capacidades de autoorganización de la sociedad, de construir y regenerar lazos sociales, que no fueron reconocidas en la cúspide del sistema político, donde se las entendió como un factor de inestabilidad por su capacidad de controlarlas o canalizarlas en los aparatos políticos. Estas nuevas formas de apropiación del espacio público ciudadano, impulsadas por la utopía de realización de una democracia directa (la decisión directa de los ciudadanos sobre las medidas a tomar), cuestionaron las formas de representación de la democracia delegativa (la elección de representantes, como en el actual sistema político).
Las nuevas modalidades de protesta social propusieron otras formas de ocupación del espacio público y también de acceso a los servicios públicos. En las asambleas barriales las medidas de acción directa y de reclamo a los poderes públicos se combinaron y se establecieron en tensión con cuestiones y necesidades locales, como las vinculadas con la provisión de insumos para los hospitales, con compras comunitarias o con la creación de huertas orgánicas, pequeños emprendimientos y bolsas de trabajo para desocupados.
Las asambleas barriales fueron generando emprendimientos productivos autónomos y apuntaron a intervenir en el plano económico y social, a través del desarrollo de experiencias de una nueva economía, que buscó nuevas respuestas para resolver la crisis de los sistemas educativo, de salud, etcétera. Aportaron un factor importante para el desarrollo de la economía social y solidaria: la politización de la esfera de la reproducción social, del consumo y la distribución de bienes y servicios, factor presente también en las empresas recuperadas por sus trabajadores y en las actividades de los grupos piqueteros.
*Adaptado de: Palomino, Héctor: Los Movimientos Sociales (2004)
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