Evaluamos el viernes 20. Temas: * Anomia (Robert Merton) * Desviación (Howard Becker) * Crisis de representación * Nuevos movimientos sociales. Optativo: la nota sobre la quema de comisarías en 2002. Está todo en el blog.
ESTUDIEN.
Besis.
sábado, 14 de octubre de 2017
Viernes 20 parcial
Evaluamos el viernes 20. Temas: * Anomia (Robert Merton) * Desviación (Howard Becker) * Crisis de representación * Nuevos movimientos sociales. Optativo: la nota sobre la quema de comisarías en 2002. Está todo en el blog.
ESTUDIEN.
Besis.
lunes, 9 de octubre de 2017
Crisis de Representación
Crisis de Representación
En 2001
Argentina atravesaba la crisis económica y política más importante de su
historia. El quiebre del tejido social, la desesperanza y la crisis de
representatividad política hicieron tambalear al sistema democrático y miles de
personas salieron a las calles a manifestarse contra un sistema que arrojaba al
pueblo a la miseria y la desocupación.
Crecía la imagen
del presidente De la Rúa como incapaz, inoperante y
"gagá". La Alianza (una coalición electoral encabezada por el
radicalismo) se había presentado como lo opuesto a la corrupción menemista en
las elecciones presidenciales de 1999. Sin embargo, su imagen se
deterioró después de la renuncia del vicepresidente "Chacho"
Álvarez por un escándalo de coimas en el Senado. Lo que es peor, la política
económica de De la Rúa era fundamentalmente una continuación de la de Menem,
con lo que siguieron aumentando la desocupación, pobreza e indigencia.
El 25% de
la población activa estaba desocupada o subocupada; la economía, en recesión
desde 1998, había caído un 14% hasta el 2001; la pobreza superaba el 35%;
el gobierno ya no conseguía financiamiento para hacer frente a los intereses de
una enorme deuda externa (180 mil millones) que había crecido como bola de nieve desde la
dictadura y se sucedían los negociados como el “Blindaje” (nos
endeudamos por 40 mil millones para que nos sigan prestando plata) o el “Megacanje”
(nos patean vencimientos de deudas pero nos endeudamos 55 mil millones más). La
política de déficit cero fracasaba por la caída abrupta del consumo y el menor
ingreso fiscal. La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, recortó 13% las
jubilaciones y los salarios de estatales como medida de ajuste más
recordada.
La
elección legislativa de 2001 se caracterizó por el llamado “voto bronca”,
a través del cual una buena parte de la ciudadanía manifestó su enojo con la
clase política, en general, y con el gobierno de De la Rúa en
particular. Durante la campaña electoral, los medios de prensa y algunas
organizaciones ciudadanas convocaron a la abstención, al voto en blanco o a la
anulación del voto. Sumando los electores que se abstuvieron de votar y
aquellos que votaron en blanco o anularon su voto, el 43% del electorado
habilitado para votar manifestó su repudio no sólo al gobierno, sino al resto
de las fuerzas políticas. Esta conducta electoral era una manifestación
contundente de la crisis de representación y contribuyó, sin duda, a disminuir
la legitimidad de las autoridades elegidas. La ciudadanía desconfiaba
de los partidos políticos (peronismo y radicalismo eran vistos como corruptos
y responsables de la situación económica) y de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, percibidos como igualmente pervertidos e incapaces.
"No me convence ningún tipo de política
Ni el demócrata ni el fascista
¿Por qué me tocó ser así?
Ni siquiera anarquista
-"El Revelde", La Renga
Después de
la derrota electoral, la credibilidad del gobierno de De la Rúa prácticamente
había desaparecido. La situación económica se deterioraba día a día. Durante la
última semana de noviembre de 2001, más de mil millones de dólares fueron
sacados de los bancos por los ahorristas.
En esa
situación, algunos bancos comunicaron al gobierno que no resistirían la
corrida. El 1 de diciembre, De la Rúa y su entonces ministro de Economía y
autor de la convertibilidad, Domingo Cavallo, anunciaron el “Corralito”
que limitó las extracciones de dinero a $ 250 semanales para evitar la fuga de
capitales y el colapso bancario.
Esta
medida resultó ser mucho más impopular que una devaluación y causó una furia
popular, expresada con cacerolazos masivos. La ciudadanía no sólo condenaba a
la clase política y sus malas decisiones, sino que puso en jaque al propio Congreso
y a la Corte Suprema de Justicia.
La
protesta más fuerte fue la del 19 de diciembre, cuando De la Rúa, mediante
un discurso, declaró el estado de sitio (la suspensión de las garantías
constitucionales, como el derecho a reunión y manifestación), lo que aumentó el
malestar. Apenas terminó la emisión del discurso, la gente salió de sus casas
a golpear cacerolas. La gente comenzó a reunirse en las esquinas
y espontáneamente comenzaron a caminar rumbo al centro. Un gran cacerolazo
había comenzado. A la madrugada la Plaza de Mayo se había llenado de gente
que coreaba una consigna: “¡Que se vayan todos!”
Otro importante elemento de desestabilización fue la ola de saqueos (robos masivos a supermercados, asaltos a camiones en la ruta, robos en comercios) de diciembre de 2001, frecuentemente atribuidos -por lo menos en parte- a las patotas del PJ bonaerense de Duhalde.
El día 20
se desarrollaban marchas en la Capital y las fuerzas
policiales reprimían duramente a los manifestantes, causando 39
muertes en esos dos días. Mientras esto sucedía el gobierno decidió la
renuncia del ministro Cavallo. Al atardecer de aquel día, el Presidente se
dirigió otra vez a la sociedad a través de la cadena nacional para dar a
conocer su renuncia. Pocos minutos después, la televisión transmitía la huida
de De la Rúa desde la terraza de la casa de gobierno a bordo de un helicóptero.
Hundidos
en la crisis, más de la mitad de los argentinos cayeron en la pobreza y el
desempleo alcanzó al 24% de la población. Esto desató motines urbanos, sobre
todo en Buenos Aires, pero también en Córdoba y en Rosario.
Luego de
la renuncia de De la Rúa, y después del paso de Puerta, Rodríguez Saa y Caamaño
por la presidencia, fue Eduardo Duhalde quien se hizo cargo del gobierno. Desde
enero de 2002 la economía comenzó a reactivarse gracias a la devaluación (se
derogó la ley de convertibilidad en enero de 2002), que abarató la producción e
hizo subir los precios de las materias primas.
Pero la
represión, seguida de muerte, encargada por el Ejecutivo contra manifestantes –con
los asesinatos de Kosteki y Santillán- en el puente Pueyrredón, protagonizó la
llamada Masacre de Avellaneda, que obligó a Duhalde a llamar a elecciones
precipitadamente. En mayo de 2003 Néstor Kirchner llegaba a la presidencia.
domingo, 8 de octubre de 2017
Movimientos sociales: piqueteros, empresas recuperadas y asambleas barriales
Movimientos sociales: piqueteros, empresas recuperadas y asambleas barriales
Los nuevos movimientos sociales en la Argentina reflejaron los esfuerzos de reconstrucción de los lazos sociales a través de nuevas formas de organización, sobre todo en la primera mitad de la década de 2000.
Los movimientos aquí estudiados se asocian a la llamada "economía social", un espacio público donde el trabajo no se intercambia sólo por remuneraciones monetarias.
La pobreza y el desempleo constituyeron en la época de la crisis el núcleo de deslegitimación del sistema económico, lo que el normal funcionamiento de la economía de mercado no pudo resolver. Como contrapartida, los movimientos sociales obtuvieron buena parte de su legitimidad mostrando, de cara a la sociedad, soluciones originales para la pobreza y el desempleo por fuera del sistema económico institucionalizado.
La respuesta estatal fue desplazar el problema del empleo al ámbito de la política social, mediante la implementación de subsidios masivos a jefes y jefas de hogar desocupados.
Tres movimientos sociales que representaron diferentes respuestas frente al fracaso del sistema político y el desmoronamiento económico de 2001 son los piqueteros, los trabajadores de empresas recuperadas y las asambleas barriales.
1. Los piquetes
Los movimientos de desocupados estaban conformados por varias decenas de grupos que respondían a orientaciones políticas diferentes: algunas se vinculaban con partidos políticos o centrales sindicales; otros privilegiaban su autonomía con respecto a los mismos; otros seguían a líderes populistas. De este modo, una misma denominación, piqueteros, recubre orientaciones muy distintas, más allá de su enorme impacto político y sobre todo mediático.
En esta presencia incidieron, sin duda, sus dimensiones. Según estimaciones de los propios grupos piqueteros, su capacidad de movilización agregada -la de todas las organizaciones que agrupaban a los desocupados- llegó a más de 100.000 personas en todo el país. Sin embargo, esta cifra empalidece frente a los varios millones de desocupados y subocupados, por lo que más que su dimensión, fue la acción misma de los piquetes la que explicó su visibilidad: los cortes de ruta alcanzaron un fuerte efecto político, multiplicado a través de los medios de comunicación.
Aunque algunos grupos piqueteros se limitaban sólo a sostener estos reclamos, otros destinaron los recursos hacia actividades diversas, desarrollando durante varios años acciones de alcance más vasto en las comunidades en las que estaban implantados territorialmente: merenderos y comedores, centros educativos y, sobre todo, emprendimientos productivos en los que volcaban los subsidios y alimentos obtenidos a través de las movilizaciones, como el desarrollo de huertas comunitarias, la venta directa de la producción a través de redes de comercialización alternativas, la elaboración y manufactura artesanal e industrial de productos frutihortícolas, panaderías, tejidos y confecciones artesanales e industriales, entre otras. De este modo, los cortes de ruta constituyeron sólo la punta (mediática) del iceberg de una construcción social mucho más compleja.
La organización de estas actividades económicas adquirió formas autogestionarias y cooperativas. Algunos planteaban enfoques distributivos radicales y rechazaban la generación de ganancia, o bien distribuían estas gananacias entre los productores y sus familias. Aunque esto pueda ser discutible en términos filosóficos, tuvo efectos prácticos considerables sobre la movilización permanente de los piqueteros: si los proyectos productivos autogestionados no generaban condiciones de sustentabilidad económica en el mediano y largo plazo, se reproducían las condiciones para seguir reclamando subsidios y recursos al Estado.
Otros grupos de desocupados, por el contrario, se enfocaban en el desarrollo de proyectos autogestionados sustentables en el tiempo. Un ejemplo fue un grupo piquetero del sur del Gran Buenos Aires que nucleaba una amplia red conformada con familias de desocupados, incluyendo migrantes indígenas provenientes del norte de la provincia de Santa Fe. Centrados en la producción frutihortícola en la zona de quintas que proveen buena parte del consumo de alimentos frescos a la ciudad de Buenos Aires, estos trabajadores buscan desarrollar emprendimientos sustentables, donde la generación de ganancia asegura el mantenimiento y expansión económica de su producción, de modo de alcanzar la independencia de los subsidios oficiales. En relación con este objetivo, la participación en piquetes es un medio de obtención de recursos para los emprendimientos autogestionados, y no un fin en sí mismo.
Aunque entre los distintos grupos piqueteros este debate es incipiente, se constata que todos ellos, incluso los vinculados con partidos políticos, se vuelcan progresivamente al desarrollo de emprendimientos productivos.
2. Los trabajadores de empresas recuperadas
Hacia mediados de los años noventa comenzaron a registrarse movimientos de trabajadores que intentaban reactivar empresas paralizadas, las que presentaban rasgos comunes: habían sido afectadas por la importación (frigoríficos, textiles, tractores, acoplados, metalúrgicas, plásticos, etcétera) y se encontraban en proceso de quiebra, convocatoria de acreedores o abandonadas por los empresarios. Los trabajadores eran acreedores o damnificados, ya que en general la crisis de cada empresa fue precedida por la ruptura de los contratos de trabajo, traducida en disminuciones de sueldos y salarios, pago en vales, etc. La recuperación de las empresas supuso la transición hacia un nuevo régimen jurídico en el que los trabajadores tomaron a su cargo la producción, estableciendo acuerdos con proveedores y/o clientes que les aseguraron un cierto capital de trabajo, y fijaron una retribución mínima para su trabajo.
En la mayoría de las empresas recuperadas se constata en el principio una deserción empresaria, que puede ser parcial o total. Si es parcial, es posible que los anteriores propietarios se mantengan como asociados en la nueva forma jurídica que adopte la empresa. Estas formas son variadas, aunque entre ellas prevalecen las cooperativas, pero también figuras más tradicionales como la participación accionaria en sociedades anónimas. En cualquiera de estas formas los trabajadores deben tomar a su cargo la gestión, por lo que deben redefinir su rol dependiente y subordinado en el contrato y la organización del trabajo.
En la crisis económica de 2001, la recuperación de empresas fue percibida como una respuesta adecuada para sostener los esfuerzos productivos de la sociedad.
Los trabajadores que recuperaron empresas replantearon la jerarquía relativa del derecho al trabajo y de la propiedad privada. Frente a los valores de la sociedad mercantil que privilegian el derecho de propiedad, los trabajadores erigen como central el derecho al trabajo. Anteponen la necesidad de preservar las fuentes de trabajo frente a las rutinas de quiebra y liquidación de bienes productivos que prevalecen en el derecho mercantil.
Unas pocas empresas -alrededor de 150- dispersas en el territorio, diversas por sus actividades y por las tradiciones políticas de los diez mil trabajadores que agrupan, pusieron en cuestión el conjunto del sistema de relaciones laborales. Al asumir la autogestión en unas pocas empresas, los trabajadores cerraron el juego a una carta muy importante para los empresarios en la negociación colectiva: éstos ya no podían apelar al cierre del establecimiento como instrumento de presión sobre los trabajadores, quienes, ante la amenaza, podían contestar ahora con la posibilidad de ocupar y autogestionar las empresas en dificultades. De allí que no cabe medir la fuerza del movimiento de empresas recuperadas exclusivamente en términos de su dimensión -reducida- sino en términos de sus efectos culturales, políticos y sociales más amplios.
3. Las asambleas barriales
La respuesta más novedosa de quienes optaron por la voz y la protesta ante el colapso institucional de 2001 fue la de quienes organizaron espontáneamente las asambleas barriales en Buenos Aires, en varios partidos del conurbano y en ciudades del interior del país como La Plata, Mar del Plata, Rosario y Córdoba.
Las asambleas barriales expresaron las capacidades de autoorganización de la sociedad, de construir y regenerar lazos sociales, que no fueron reconocidas en la cúspide del sistema político, donde se las entendió como un factor de inestabilidad por su capacidad de controlarlas o canalizarlas en los aparatos políticos. Estas nuevas formas de apropiación del espacio público ciudadano, impulsadas por la utopía de realización de una democracia directa (la decisión directa de los ciudadanos sobre las medidas a tomar), cuestionaron las formas de representación de la democracia delegativa (la elección de representantes, como en el actual sistema político).
Las nuevas modalidades de protesta social propusieron otras formas de ocupación del espacio público y también de acceso a los servicios públicos. En las asambleas barriales las medidas de acción directa y de reclamo a los poderes públicos se combinaron y se establecieron en tensión con cuestiones y necesidades locales, como las vinculadas con la provisión de insumos para los hospitales, con compras comunitarias o con la creación de huertas orgánicas, pequeños emprendimientos y bolsas de trabajo para desocupados.
Las asambleas barriales fueron generando emprendimientos productivos autónomos y apuntaron a intervenir en el plano económico y social, a través del desarrollo de experiencias de una nueva economía, que buscó nuevas respuestas para resolver la crisis de los sistemas educativo, de salud, etcétera. Aportaron un factor importante para el desarrollo de la economía social y solidaria: la politización de la esfera de la reproducción social, del consumo y la distribución de bienes y servicios, factor presente también en las empresas recuperadas por sus trabajadores y en las actividades de los grupos piqueteros.
*Adaptado de: Palomino, Héctor: Los Movimientos Sociales (2004)
Los nuevos movimientos sociales en la Argentina reflejaron los esfuerzos de reconstrucción de los lazos sociales a través de nuevas formas de organización, sobre todo en la primera mitad de la década de 2000.
Los movimientos aquí estudiados se asocian a la llamada "economía social", un espacio público donde el trabajo no se intercambia sólo por remuneraciones monetarias.
La pobreza y el desempleo constituyeron en la época de la crisis el núcleo de deslegitimación del sistema económico, lo que el normal funcionamiento de la economía de mercado no pudo resolver. Como contrapartida, los movimientos sociales obtuvieron buena parte de su legitimidad mostrando, de cara a la sociedad, soluciones originales para la pobreza y el desempleo por fuera del sistema económico institucionalizado.
La respuesta estatal fue desplazar el problema del empleo al ámbito de la política social, mediante la implementación de subsidios masivos a jefes y jefas de hogar desocupados.
Tres movimientos sociales que representaron diferentes respuestas frente al fracaso del sistema político y el desmoronamiento económico de 2001 son los piqueteros, los trabajadores de empresas recuperadas y las asambleas barriales.
1. Los piquetes
Los movimientos de desocupados estaban conformados por varias decenas de grupos que respondían a orientaciones políticas diferentes: algunas se vinculaban con partidos políticos o centrales sindicales; otros privilegiaban su autonomía con respecto a los mismos; otros seguían a líderes populistas. De este modo, una misma denominación, piqueteros, recubre orientaciones muy distintas, más allá de su enorme impacto político y sobre todo mediático.
En esta presencia incidieron, sin duda, sus dimensiones. Según estimaciones de los propios grupos piqueteros, su capacidad de movilización agregada -la de todas las organizaciones que agrupaban a los desocupados- llegó a más de 100.000 personas en todo el país. Sin embargo, esta cifra empalidece frente a los varios millones de desocupados y subocupados, por lo que más que su dimensión, fue la acción misma de los piquetes la que explicó su visibilidad: los cortes de ruta alcanzaron un fuerte efecto político, multiplicado a través de los medios de comunicación.
Aunque algunos grupos piqueteros se limitaban sólo a sostener estos reclamos, otros destinaron los recursos hacia actividades diversas, desarrollando durante varios años acciones de alcance más vasto en las comunidades en las que estaban implantados territorialmente: merenderos y comedores, centros educativos y, sobre todo, emprendimientos productivos en los que volcaban los subsidios y alimentos obtenidos a través de las movilizaciones, como el desarrollo de huertas comunitarias, la venta directa de la producción a través de redes de comercialización alternativas, la elaboración y manufactura artesanal e industrial de productos frutihortícolas, panaderías, tejidos y confecciones artesanales e industriales, entre otras. De este modo, los cortes de ruta constituyeron sólo la punta (mediática) del iceberg de una construcción social mucho más compleja.
La organización de estas actividades económicas adquirió formas autogestionarias y cooperativas. Algunos planteaban enfoques distributivos radicales y rechazaban la generación de ganancia, o bien distribuían estas gananacias entre los productores y sus familias. Aunque esto pueda ser discutible en términos filosóficos, tuvo efectos prácticos considerables sobre la movilización permanente de los piqueteros: si los proyectos productivos autogestionados no generaban condiciones de sustentabilidad económica en el mediano y largo plazo, se reproducían las condiciones para seguir reclamando subsidios y recursos al Estado.
Otros grupos de desocupados, por el contrario, se enfocaban en el desarrollo de proyectos autogestionados sustentables en el tiempo. Un ejemplo fue un grupo piquetero del sur del Gran Buenos Aires que nucleaba una amplia red conformada con familias de desocupados, incluyendo migrantes indígenas provenientes del norte de la provincia de Santa Fe. Centrados en la producción frutihortícola en la zona de quintas que proveen buena parte del consumo de alimentos frescos a la ciudad de Buenos Aires, estos trabajadores buscan desarrollar emprendimientos sustentables, donde la generación de ganancia asegura el mantenimiento y expansión económica de su producción, de modo de alcanzar la independencia de los subsidios oficiales. En relación con este objetivo, la participación en piquetes es un medio de obtención de recursos para los emprendimientos autogestionados, y no un fin en sí mismo.
Aunque entre los distintos grupos piqueteros este debate es incipiente, se constata que todos ellos, incluso los vinculados con partidos políticos, se vuelcan progresivamente al desarrollo de emprendimientos productivos.
2. Los trabajadores de empresas recuperadas
Hacia mediados de los años noventa comenzaron a registrarse movimientos de trabajadores que intentaban reactivar empresas paralizadas, las que presentaban rasgos comunes: habían sido afectadas por la importación (frigoríficos, textiles, tractores, acoplados, metalúrgicas, plásticos, etcétera) y se encontraban en proceso de quiebra, convocatoria de acreedores o abandonadas por los empresarios. Los trabajadores eran acreedores o damnificados, ya que en general la crisis de cada empresa fue precedida por la ruptura de los contratos de trabajo, traducida en disminuciones de sueldos y salarios, pago en vales, etc. La recuperación de las empresas supuso la transición hacia un nuevo régimen jurídico en el que los trabajadores tomaron a su cargo la producción, estableciendo acuerdos con proveedores y/o clientes que les aseguraron un cierto capital de trabajo, y fijaron una retribución mínima para su trabajo.
En la mayoría de las empresas recuperadas se constata en el principio una deserción empresaria, que puede ser parcial o total. Si es parcial, es posible que los anteriores propietarios se mantengan como asociados en la nueva forma jurídica que adopte la empresa. Estas formas son variadas, aunque entre ellas prevalecen las cooperativas, pero también figuras más tradicionales como la participación accionaria en sociedades anónimas. En cualquiera de estas formas los trabajadores deben tomar a su cargo la gestión, por lo que deben redefinir su rol dependiente y subordinado en el contrato y la organización del trabajo.
En la crisis económica de 2001, la recuperación de empresas fue percibida como una respuesta adecuada para sostener los esfuerzos productivos de la sociedad.
Los trabajadores que recuperaron empresas replantearon la jerarquía relativa del derecho al trabajo y de la propiedad privada. Frente a los valores de la sociedad mercantil que privilegian el derecho de propiedad, los trabajadores erigen como central el derecho al trabajo. Anteponen la necesidad de preservar las fuentes de trabajo frente a las rutinas de quiebra y liquidación de bienes productivos que prevalecen en el derecho mercantil.
Unas pocas empresas -alrededor de 150- dispersas en el territorio, diversas por sus actividades y por las tradiciones políticas de los diez mil trabajadores que agrupan, pusieron en cuestión el conjunto del sistema de relaciones laborales. Al asumir la autogestión en unas pocas empresas, los trabajadores cerraron el juego a una carta muy importante para los empresarios en la negociación colectiva: éstos ya no podían apelar al cierre del establecimiento como instrumento de presión sobre los trabajadores, quienes, ante la amenaza, podían contestar ahora con la posibilidad de ocupar y autogestionar las empresas en dificultades. De allí que no cabe medir la fuerza del movimiento de empresas recuperadas exclusivamente en términos de su dimensión -reducida- sino en términos de sus efectos culturales, políticos y sociales más amplios.
3. Las asambleas barriales
La respuesta más novedosa de quienes optaron por la voz y la protesta ante el colapso institucional de 2001 fue la de quienes organizaron espontáneamente las asambleas barriales en Buenos Aires, en varios partidos del conurbano y en ciudades del interior del país como La Plata, Mar del Plata, Rosario y Córdoba.
Las asambleas barriales expresaron las capacidades de autoorganización de la sociedad, de construir y regenerar lazos sociales, que no fueron reconocidas en la cúspide del sistema político, donde se las entendió como un factor de inestabilidad por su capacidad de controlarlas o canalizarlas en los aparatos políticos. Estas nuevas formas de apropiación del espacio público ciudadano, impulsadas por la utopía de realización de una democracia directa (la decisión directa de los ciudadanos sobre las medidas a tomar), cuestionaron las formas de representación de la democracia delegativa (la elección de representantes, como en el actual sistema político).
Las nuevas modalidades de protesta social propusieron otras formas de ocupación del espacio público y también de acceso a los servicios públicos. En las asambleas barriales las medidas de acción directa y de reclamo a los poderes públicos se combinaron y se establecieron en tensión con cuestiones y necesidades locales, como las vinculadas con la provisión de insumos para los hospitales, con compras comunitarias o con la creación de huertas orgánicas, pequeños emprendimientos y bolsas de trabajo para desocupados.
Las asambleas barriales fueron generando emprendimientos productivos autónomos y apuntaron a intervenir en el plano económico y social, a través del desarrollo de experiencias de una nueva economía, que buscó nuevas respuestas para resolver la crisis de los sistemas educativo, de salud, etcétera. Aportaron un factor importante para el desarrollo de la economía social y solidaria: la politización de la esfera de la reproducción social, del consumo y la distribución de bienes y servicios, factor presente también en las empresas recuperadas por sus trabajadores y en las actividades de los grupos piqueteros.
*Adaptado de: Palomino, Héctor: Los Movimientos Sociales (2004)
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